La reciente fiscalización iniciada por la autoridad ambiental en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) marca un punto de inflexión para las empresas que introducen productos al mercado chileno. El caso de la empresa Huawei se ha convertido en una señal clara: la obligación de cumplir con la ley no es solo teórica, sino que ya está siendo fiscalizada activamente.
La Superintendencia del Medio Ambiente inició procedimientos sancionatorios contra la compañía luego de constatar que introdujo envases y embalajes al mercado nacional sin contar con un sistema de gestión autorizado para cumplir con las metas de recolección y valorización exigidas por la normativa.
Este caso instala un precedente relevante para todos los productores regulados por la ley. En Chile, la ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor establece que quienes ponen en el mercado productos prioritarios —como envases y embalajes— deben organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de dichos productos, ya sea a través de un sistema de gestión individual o colectivo.
En la práctica, esto significa que no basta con comercializar productos: también es obligatorio hacerse cargo del destino de los residuos que estos generan.
Para los productores vinculados al sector agrícola —como importadores y comercializadores de insumos, fertilizantes o productos fitosanitarios— el mensaje es claro: si estos productos ingresan al mercado con envases regulados por la REP, las empresas deben cumplir con las obligaciones de la ley, incluyendo la participación en un sistema de gestión autorizado que permita cumplir las metas de recolección y valorización.
El precedente demuestra que la autoridad cuenta con herramientas para identificar a los productores que introducen envases al mercado y verificar si están cumpliendo con la normativa. Cuando eso no ocurre, se inicia un proceso sancionatorio que puede derivar en multas significativas y en un impacto reputacional para la empresa.
Más allá del caso puntual, el mensaje es claro: la Ley REP ya entró en fase de fiscalización efectiva. Para las empresas que aún no se han incorporado a un sistema de gestión, el riesgo ya no es solo regulatorio, sino también operativo y reputacional.
En un escenario donde la trazabilidad y la responsabilidad ambiental son cada vez más relevantes, cumplir con la REP no es solo una obligación legal, sino una condición para operar de forma sostenible en el mercado.