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Fiscalización REP: de verificar la adhesión a evaluar el cumplimiento de metas

La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) entra en una etapa en que el cumplimiento de sus obligaciones pesa cada vez más en la fiscalización ambiental. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en dos nuevos casos, que vuelven a poner el foco en quienes introducen productos prioritarios al mercado y en las entidades encargadas de gestionar sus residuos.

Los procedimientos abordan dos situaciones distintas: por una parte, no contar con un sistema de gestión autorizado y, por otra, el incumplimiento de las metas de recolección y valorización por parte de un sistema colectivo. Ambos reflejan que la fiscalización considera tanto las obligaciones de los productores como los resultados que deben alcanzar los sistemas de gestión.

Estos casos siguen al procedimiento iniciado en marzo contra Huawei, que ya había mostrado que la autoridad verifica si las empresas que introducen envases y embalajes al mercado cuentan con un sistema de gestión autorizado.

Una obligación que exige cumplimiento efectivo

La Ley REP establece que las empresas que comercializan productos prioritarios, entre ellos los envases y embalajes, deben organizar y financiar la gestión de los residuos que estos generan. Para los envases y embalajes, esto implica canalizar esa gestión mediante un sistema individual o colectivo autorizado y cumplir las metas que correspondan.

La formulación de cargos es una señal relevante para las empresas: las obligaciones están sujetas a fiscalización y los incumplimientos pueden derivar en procedimientos sancionatorios. Cabe precisar que estos casos aún no equivalen a una sanción definitiva, pues los titulares pueden presentar un programa de cumplimiento y sus descargos.

El precedente, por tanto, no se limita a los casos particulares. Refuerza la necesidad de que las empresas revisen su situación frente a la Ley REP, verifiquen su adhesión al sistema que corresponda y aseguren el cumplimiento de sus obligaciones de información, recolección y valorización.

Metas exigentes, pero alcanzables

El caso del sistema colectivo instala además una discusión de fondo: cómo se fijan y cómo se cumplen las metas. Las condiciones de gestión no son equivalentes entre sectores. En el agro, los envases se generan de forma dispersa, en predios distantes y con acceso desigual a puntos de recepción, una realidad distinta a la industrial y urbana. Por eso, la revisión del D.S. N° 12, actualmente en curso, es una oportunidad para que las metas sean exigentes y, a la vez, realistas y alcanzables para cada sector.

El desafío para la agricultura

Para el agro, el cumplimiento de la Ley REP involucra a una cadena de actores que deben coordinarse. Las empresas que ponen productos en el mercado deben asumir sus obligaciones; los agricultores deben realizar el triple lavado y entregar los envases en los puntos habilitados; y los sistemas de gestión y sus gestores deben organizar la recolección y valorización conforme a las exigencias vigentes.

En ese contexto, contar con un sistema especializado en envases agroindustriales es clave. Con más de 25 años de trayectoria, CampoLimpio opera 24 centros fijos y más de 80 puntos móviles al año en todo el país, y en 2025 recuperó 932 toneladas, por sobre la meta de 864 fijada por la autoridad. Esa capacidad instalada permite que las empresas del sector cumplan su obligación legal y que los agricultores tengan dónde entregar sus envases.

Alcanzar las metas, sin embargo, exige participación, coordinación y condiciones operativas adecuadas, incluidos los permisos y autorizaciones correspondientes. La coordinación entre los organismos públicos es relevante para que los procesos administrativos acompañen la gestión operativa en terreno, sin perder de vista las exigencias ambientales.

El desafío es consolidar un sistema en el que cada actor asuma su responsabilidad: las empresas, revisando su cumplimiento; las instituciones, fortaleciendo la coordinación; y los agricultores, manteniendo la correcta entrega de sus envases. La fiscalización forma parte de ese proceso, y cumplir, coordinar y sostener la participación de toda la cadena son las condiciones para avanzar hacia una gestión responsable de los envases agroindustriales.

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