Desde que se inició el proceso voluntario, se han recuperado y revalorizado más de 9 mil toneladas de envases, que puestos en fila unirían Santiago y San Fernando, comenta Francisca Gebauer, de CampoLimpio. El desafío ahora es seguir aumentando la recuperación, especialmente a nivel del campo.
La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) que comenzó a aplicarse por decreto en octubre de 2023, busca que quienes fabrican, importan o comercializan productos como envases, aceites, baterías, neumáticos, entre otros, se hagan cargo del ciclo completo de esos productos, incluyendo la disposición de los envases vacíos. En el agro, impacta directamente a quienes trabajan con agroquímicos, fertilizantes, semillas, alimentos para animales y productos veterinarios, ya que todos utilizan envases que deben gestionarse de forma responsable.
“En el ámbito agrícola, ya existía cierta gestión en torno a los envases antes de la ley. De hecho, nosotros como CampoLimpio partimos como una iniciativa voluntaria. Comenzamos en el año 2000, primero a través de proyectos piloto, y ya formalmente como programa en 2001. Por lo tanto, durante todo ese período… ya se estaba operando en la recolección de envases y en la capacitación y difusión hacia los agricultores. La agricultura, por lo tanto, ya contaba con una cierta costumbre o rutina en la gestión de estos residuos, lo que representó una ventaja frente a otros rubros donde esta exigencia era completamente nueva”, explica Francisca Gebauer, directora ejecutiva de CampoLimpio, sistema de gestión de los envases agroindustriales.
Gebauer comenta que si bien es una iniciativa que ha mostrado avances sostenidos a través de los años todavía no se alcanza el 100%, pero que se va por muy buen camino, ya que desde su implementación en 2023 ha traído diferentes resultados y logros.
Por ejemplo, desde CampoLimpio, en un balance desde su inicio como voluntariado hasta la fecha, apuntan que entre 2001 y 2024 se han recuperado 8.700 toneladas en envases vacíos plásticos y metálicos, lo que equivale a 15.300 camiones de basura, que puestos en fila corresponden a la distancia entre Santiago y San Fernando.
En cuanto a la meta establecida para el 2024, esperaban como CampoLimpio 689 toneladas de envases valorizados —que son aquellos que se han sometido a un proceso de recuperación y tratamiento para darles una segunda vida—, sin embargo se lograron 743 toneladas, lo que hizo que se superara ampliamente el objetivo.
Entre enero y junio de 2025, la organización ya ha recibido 424 toneladas de envases, lo que representa un 8% de aumento respecto al mismo período del año anterior. “Este crecimiento refleja el compromiso sostenido del sector agrícola con la correcta gestión de los residuos y el fortalecimiento del sistema”, declaran. La meta para este 2025 es de 864 toneladas.
Desde CampoLimpio dicen que si se traduce este volumen a términos visuales, las 424 toneladas equivalen a una torre de pallets plásticos reciclados de 2,7 kilómetros de altura, es decir, aproximadamente tres veces la altura del cerro San Cristóbal.
Gebauer es enfática en decir que en este avance los agricultores son parte fundamental en la implementación de prácticas sostenibles y que han demostrado ser responsables en cumplir con la normativa tras la implementación de la ley.
“Aquellos agricultores que trabajan con certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) suelen conocer y aplicar el triple lavado, ya que sus procesos de certificación lo exigen. Sin embargo, todavía existe un número importante de agricultores que no lo realizan o no comprenden su relevancia. En otros casos, sí aplican el triple lavado, pero desconocen los lugares donde deben entregar los envases una vez limpios”, explica Gebauer.
Con triple lavado se refiere a la técnica usada para limpiar correctamente los envases de plaguicidas o productos fitosanitarios una vez vacíos. El objetivo es eliminar los residuos peligrosos que queden en el envase. El proceso consiste en lavarlo tres veces con agua siguiendo una serie de pasos que logran que se considere residuo no peligroso, lo que ayuda a su reciclaje dentro de los sistemas de gestión que impone la Ley REP. Sin esta técnica, el envase se clasificaría como residuo peligroso, por lo que tendría que ser desechado de una manera distinta.
Los principales desafíos
Si bien la directora ejecutiva de CampoLimpio enfatiza en que hay avances y que se va por buen camino, dice que los desafíos son claros: fortalecer y aclarar los marcos regulatorios, reformular y ampliar las metas, mejorar la infraestructura de la gestión de residuos y aumentar la comunicación hacia los agricultores para que puedan conocer y entender la importancia de aplicar estas medidas.
La Ley REP contempla dos modelos de sistemas de gestión: En primer lugar, los monitoring que cumplen las metas mediante convenios con establecimientos industriales, sin realizar operaciones directas de gestión de envases. No contratan gestores ni realizan licitaciones, lo que los hace más económicos. En segundo lugar, los full cost que contratan gestores y se encargan directamente de toda la cadena, desde la recolección hasta la valorización o reciclaje de los envases.
A pesar de que ambos sistemas son válidos y aportan al cumplimiento de las metas de la ley, Francisca Gebauer afirma que el sistema full cost es el ideal para lograr las metas. “Aunque el modelo monitoring implica menores costos, la política pública detrás de la Ley REP busca reducir la generación de residuos y promover su reutilización o reciclaje, objetivos que solo se logran con sistemas full cost. Por eso, uno de los principales desafíos es avanzar hacia un modelo donde predominen estos sistemas, que permiten una gestión real y efectiva”, afirma Gebauer.
Asimismo, otro desafío es tener una revisión de metas, ya que se establecieron con la información disponible al momento de creación de la ley en 2016, por lo que se pueden adecuar a la realidad actual. “Las metas fueron definidas en base a la información disponible al momento de elaborar la ley, pero hoy, tras dos años de implementación, existe información más precisa sobre la cantidad de envases que se ponen en el mercado y la factibilidad de su valorización. En especial, los envases agroindustriales presentan dificultades adicionales, ya que se generan en zonas rurales donde hay menor presencia de gestores e infraestructura para su tratamiento”, dice Gebauer.
Por otra parte, la directora ejecutiva de CampoLimpio hace alusión a la comunicación hacia los productores que es sumamente importante, dice, para que puedan seguir las exigencias de la ley, con sus actualizaciones, ya que si bien son prácticas que se llevan a cabo hace un tiempo, hay ciertos requisitos que no se cumplen del todo por desconocimiento. “Aunque la práctica del triple lavado está instaurada hace años, aún no toda la comunidad agrícola la conoce ni sabe dónde entregar los envases una vez lavados. Difundir esta información es esencial, ya que el triple lavado permite que los envases sean clasificados como residuos no peligrosos y, por tanto, puedan reciclarse. En ese sentido, la educación y la difusión constante son claves para cerrar correctamente el ciclo de gestión que promueve la Ley REP”, afirma Francisca Gebauer.
El funcionamiento de la ley
La ley, cuenta Gebauer, establece obligaciones en todos los niveles de la cadena de la producción agroalimentaria, desde el que elabora los productos químicos hasta el mismo agricultor.
“En el fondo, la Ley REP establece responsabilidades en distintos niveles. Por un lado, las empresas que fabrican o importan productos envasados en Chile tienen la obligación de organizar y financiar la gestión de esos envases una vez que se convierten en residuos. Por otro, los gestores —quienes realizan las operaciones de recolección, transporte, pretratamiento o valorización— deben estar debidamente autorizados y registrados por el Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, los consumidores, que son quienes usan estos productos envasados, también tienen el deber de entregar los envases vacíos en los puntos o sistemas de gestión autorizados”, explica.
La ley también exige que quienes proveen de los envases cumplan las metas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente mediante la conformación de sistemas de gestión. Estos sistemas deben organizar y financiar toda la operación vinculada a esa gestión y, además, deben tener personalidad jurídica sin fines de lucro, estar abiertos a la adhesión de cualquier productor, ser aprobados y autorizado su plan de gestión que dura cinco años y detalla cómo y con qué estrategias se alcanzarán las metas definidas por la autoridad.
Dichas metas son graduales en el tiempo y se aplican a tres tipos de envases no domiciliarios, y los más vinculados a la producción agroalimentaria: plástico, metal y papel-cartón.
Fuente: Catalina Pinela Espinoza – Revista del Campo, El Mercurio
